jueves, 4 de octubre de 2018

Alegato en defensa de aborto en tres causales, Tribunal Constitucional 2017

Alegato en defensa de constitucionalidad del proyecto de despenalización voluntaria del embarazo en tres causales, ante el Tribunal Constitucional
[ Alegato completo en el siguiente link, a partir de 1:13:12 https://youtu.be/bI2hDcUF2Wg ]


Buenos días señoras y señores Ministros de este Excelentísimo Tribunal, mi nombre es Irací Hassler, comparezco en representación de la Brigada Ramona Parra, organización muralista, que ha sido y es expresión del mundo juvenil popular, que con trabajo colectivo aporta a la transformación del espacio público a través de expresiones políticas por medio del arte. En mi calidad de encargada de género y diversidad sexual de las Juventudes Comunistas de Chile, me honra el día de hoy, representar a la histórica “BRP”, que lleva su nombre en homenaje a la joven militante comunista, Ramona Parra, asesinada en la Masacre de Plaza Bulnes, en 1946.


Nuestra organización la componen miles de jóvenes, que luchan día a día por una sociedad donde la persona humana se desarrolle plenamente, especialmente velando por los derechos de la niñez y la juventud, en todos sus sentidos y expresiones. Es justamente por esas niñas y jóvenes, que nos presentamos frente a ustedes, Ministras y Ministros, a defender el proyecto de ley que despenaliza la interrupción VOLUNTARIA, recalco voluntaria, del embarazo en tres causales -peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación- un proyecto que es constitucional en sus tres causales, y significa un avance en dignidad y derechos.


Consideramos especialmente relevante, desde el espacio juvenil y popular en que nos desarrollamos, la tercera causal, porque tiene rostro de niña, de víctimas de violación menores de edad, hoy revictimizadas por el propio Estado, obligadas a continuar un embarazo producto de una violación y perseguidas penalmente pudiendo ir a la cárcel si deciden interrumpirlo.


Es esta situación extrema de violencia contra las niñas, la que nos trae ante este Excelentísimo Tribunal; que no se anule la esperanza de seguir siendo niña ante la niñez arrebatada, una alternativa de dignificación de la vida y de reparar en parte el trauma y dolor vivido.


No queremos imposiciones para ellas, que han sido evidentemente vulneradas en su integridad, y es por eso que convocamos al mandato expresado en el numeral 1 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, que asegura “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” y por tanto no revictimice a la mujer. Es por esto que hoy vengo en solicitar a este ilustrísimo Tribunal recoja este mandato, y declare este proyecto, acorde a la Constitución Política de Chile.

La lucha de las mujeres chilenas conquistó el aborto terapéutico, que fue permitido por nuestra legislación entre 1931 y 1989. Es decir, bajo la actual Constitución Política, se practicaban abortos legales en Chile bajo ciertas circunstancias. La Constitución, que también en el artículo 19, en su inciso segundo, “protege la vida del que está por nacer”, delega a la ley esta protección, y así durante 9 años, y contemplando el inciso primero de este artículo, normó el derecho al aborto terapéutico. Solo a fines de la dictadura y de espalda al pueblo de Chile, se modifica el artículo 119 del Código Sanitario, prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo en forma absoluta. Hoy no estamos ante una norma inconstitucional, puesto que nuestra Carta Magna es flexible en este punto y con ese espíritu los constitucionalistas de la época establecieron la redacción. El Congreso está modificando una norma de menor rango que durante 9 años fue legal bajo la actual Constitución.


Las mujeres hemos sido perjudicadas y desplazadas a lo largo de la historia, de forma sistemática, lo que ha sido amparado por concepciones conservadoras, morales, religiosas, en el nombre de la familia y las tradiciones. Hemos tenido que romper barreras y prejuicios, con la lucha de las mujeres, en la conquista de derechos básicos y de nuestra autonomía, la misma que a los hombres no se les cuestiona. Así tuvimos que ganar nuestro derecho a la educación primaria obligatoria, al voto, al divorcio, a la pastilla del día después. Hoy mismo seguimos luchando por educación sexual, por la distribución de preservativo femenino, porque ni siquiera cuando nos queremos cuidar, el Estado nos da las herramientas para proteger nuestra vida y nuestra salud.


Hoy luchamos también por despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, y los mismos que se han opuesto a cada avance mencionado, se oponen a nuestros derechos ahora. Hacemos presente, señoras y señores Ministros, que esta NO es una discusión moral ni religiosa, porque establecer políticas sanitarias sobre esas bases no corresponde a un Estado laico y pluralista como el nuestro, menos aun cuando estas políticas tienen por objeto proteger la salud integralmente, tanto física como mental, de todas las mujeres y niñas. No corresponde traspasar nuestras propias convicciones como regla para el conjunto del género femenino, y es por eso que el proyecto del Legislador no obliga a nadie, no impone, sino que permite decidir, de acuerdo a sus principios o creencias a cada persona, si continuar o no con un embarazo en las tres causales.


En nuestro país, 17 niñas, adolescentes o mujeres son violadas cada día. La violencia sexual contra las mujeres es de las acciones más violentas que podemos sufrir, más aún una niña, en situaciones de enorme vulneración e indefensión. 7 de cada 10 víctimas de violación son menores de edad: la causal de violación tiene rostro de niña. Estas niñas, en su mayoría, son abusadas por su entorno más cercano, que representan el 89% de los casos. Es decir, quienes están llamados a acompañar el desarrollo de las niñas, son quienes las violan, humillan y maltratan. A quienes se les ha entregado el cuidado de las niñas, son quienes abusan de ellas de la manera más brutal. De ellas, el 10% queda embarazada producto de la violación, encontrándose en la tercera causal de la cual se hace cargo este proyecto.


La tercera causal -en tanto resultado de violencia sexual- hace exigible el mandato de la debida diligencia del Estado ante hechos de violencia contra las mujeres y niñas, tal como lo establece la Convención de Belém do Pará ratificada por Chile en 1996. En ella, Chile se compromete para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entendida esta, de acuerdo a su artículo 1° como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El embarazo producto de una violación es una maternidad obligada que constituye un hecho revictimizador; que perpetúa la vivencia de la experiencia traumática una y otra vez, cristalizándose en sí mismo en un nuevo hecho de violencia, de imposición y tortura contra las niñas y jóvenes de nuestro país. La penalización de la interrupción del embarazo en la causal de violación constituye pues, una nueva violencia contra la mujer, esta vez mandatada por el propio Estado de Chile, estamos hablando de una violación a los Derechos Humanos.


En ese mismo sentido, se ha referido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que insta al Estado en 2012, en sus Observaciones y Recomendaciones a Chile, en la letra d) del numeral 35, a que Revise la legislación vigente sobre el aborto, con miras a despenalizarlo, en los casos de violación, incesto, o riesgo para la salud o la vida de la madre”.


La tercera causal tiene rostro de niña, y lamentablemente de muchas niñas de nuestro país a quienes se les han robado los sueños y ultrajado inocencia, cargando el dolor físico del cuerpo violentado por el machismo y la cultura que invisibiliza indolentemente la violencia contra ellas, con el dolor traumático de llevar un embarazo que es producto del acto más aberrante que ha vivido en su vida o lo que conoce de ella, un cuerpo que pide alivio, que llora justicia y reparación y no la tortura de una maternidad obligada, impuesta por el propio Estado que juró garantizar su protección y bienestar, ya que el Estado en su conjunto, con todos sus poderes y con todas sus políticas se deben al interés superior de la niña.


La realidad que viven las niñas y adolescente en Chile es diversa, pero lamentablemente todas están potencialmente expuestas a ser víctimas de violación o violencia sexual, sin distinción alguna. No obstante, los contextos de riesgo varían entre una niñez y otras, son mayores en aquellas donde hay mayores sectores de exclusión, esa niñez más vulnerada y desechada, aquella niñez que le damos vuelta la mirada para seguir evitando afrontar el abandono del Estado y las políticas. En esos contextos esta causal se vive más dramáticamente, perpetuando la violencia originaria sin contar con condición alguna de contención, apoyo y reparación. Aquí ésta causal tiene rostro de niña, pero de muchas niñas pobres de nuestro país.


Lo que el Congreso ha legislado, es que, en estos casos, la niña pueda optar. ¿Puede alguien obligar a esta víctima del machismo más extremo a continuar con ese embarazo y parir? ¿Puede el Estado, incapaz de haber impedido esta situación, incapaz de haberle entregado respeto y dignidad a esta niña, revictimizarla, obligándola a traer al mundo a otro ser, producto de esa violación? Nosotras decimos que no, y esperamos que este Excelentísimo Tribunal no anule el proyecto del Legislador que responde justamente a las recomendaciones de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que tienen rango constitucional, para terminar con esta forma de violencia contra niñas y mujeres que ya han sufrido tanto.

Ministros y Ministras de este Tribunal, el proyecto del Legislador, además de apegarse a la Carta Magna y recoger su mandato para asegurar “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, encuentra sustento y responde de manera diligente a la recomendación realizada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de Naciones Unidas y se hace cargo de lo establecido en el Convenio de Belem do Pará. Asimismo, expresa el sentir de más del 70% de la ciudadanía y lo más importante, avanza en dignidad y humanidad para las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país en tres situaciones extremas. Por lo anterior es que como representante de la Brigada Ramona Parra solicitamos a este Tribunal que en su rol de velar por la Constitución y las leyes que nos rigen, rechace el requerimiento de inconstitucionalidad, y que prime entonces la voluntad de las mayorías ya expresada en el Congreso Nacional.





martes, 30 de diciembre de 2014

Reforma Laboral: más poder para los/as trabajadores/as



¡Por fin se viene la Reforma Laboral! Entre festejos, críticas, miedos, disputas y esperanzas, llega al Congreso la Reforma Laboral. Digo por fin, porque a 35 largos años de la instalación del Plan Laboral de José Piñera, hoy recién se abre un camino para cambiar las relaciones laborales impuestas.

En este momento me parece bueno recordar algunos aspectos de la historia de nuestra institucionalidad laboral, para situar esta reforma en su contexto[1]. El primer Código Laboral chileno, de 1931, consagra una serie de derechos que habían conquistado los trabajadores, destacándose el descanso dominical, salario mínimo, prohibición de pago con ficha, sala cuna, sindicatos y huelgas, entre otros. Desde entonces hubo un proceso de continuidad de las conquistas sindicales, adquiriendo cada vez los/as trabajadores/as condiciones más dignas de trabajo y de mayor equilibrio en la negociación colectiva hasta 1973.

Sin embargo, este proceso fue truncado con la dictadura: se deroga el Código del Trabajo, se proscriben los sindicatos al igual que los partidos políticos y se levanta el Plan Laboral a partir de 1979. Esto significa un quiebre rotundo en la institucionalidad laboral, una “revolución laboral” en palabras de su ideólogo, que culmina con el Código del Trabajo de 1987. El Plan Laboral busca, en primer lugar, que las relaciones laborales sustenten, y no obstaculicen, el modelo económico neoliberal impuesto en aquellos años. Se instituyó la subordinación del trabajo al capital, buscando garantizar la mayor tasa de ganancia sin interferencias por el “poder monopólico” de la negociación colectiva y los sindicatos. Enarbola las banderas de la libertad, entendiéndola como la expresión de la libertad individual y la restricción completa del derecho colectivo. Esto se expresa en múltiples aspectos de nuestra legislación, como las enormes limitaciones a los sindicatos, a la huelga y la negociación colectiva.

La vuelta a la democracia tuvo procesos de normalización de las relaciones laborales, sin embargo, más o menos atenuados en nuestra legislación, la gran mayoría de los postulados del Plan Laboral se mantienen vigentes.

El día de ayer se anunció una Reforma Laboral que rompe la lógica del Plan Laboral, atreviéndose a abrir paso a un nuevo modelo de relaciones laborales. La mayoría de los puntos de la reforma[2] se enmarcan en lo que puede denominarse la restitución de derechos colectivos. Se resuelven elementos pendientes desde la imposición del Plan Laboral y se avanza en “equiparar la cancha” para las relaciones laborales. Volver a tener derecho efectivo a huelga, contar con  el piso de la negociación anterior para la nueva negociación colectiva y ampliar su cobertura, son aspectos fundamentales para fortalecer la organización, equilibrar la relación con el empresariado y reducir la desigualdad en nuestro país.

¿Podemos estar conformes? No. La situación laboral en nuestro país sigue siendo precaria; la negociación sigue estando limitada a nivel de empresa o inter-empresa y no por ramas; quedan enclaves de la dictadura en la Constitución, que consagra el derecho a libertad de empresa y propiedad privada en mayor rango que el derecho al trabajo, a la sindicalización colectiva y la huelga, lo que limita su pleno ejercicio. Aún queda mucho camino por recorrer para generar un nuevo marco de relaciones laborales, que debe ser fruto de una discusión democrática, normada por una Constitución legítima, que es justamente la discusión a la cual deberemos abocarnos prontamente. Sin embargo, estamos felices, porque esa discusión y las que vengan, las daremos en mejores condiciones. Los que se oponen, por impacientes o retardatarios, deben saber que contaremos con actores fortalecidos para la negociación colectiva y para la lucha, para conquistar relaciones laborales para un país de justicia y dignidad. Estamos felices porque esta reforma significa más poder para los trabajadores y las trabajadoras.





[1] Un análisis más detallado en mi tesis “Desafíos de la reforma laboral chilena” http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/116875 publicada en septiembre
[2] “Conoce los 10 puntos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo” http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/12/674-610643-9-conoce-los-10-puntos-de-la-reforma-laboral-impulsada-por-el-ejecutivo.shtml

jueves, 12 de junio de 2014

Cuenta Pública Senadoras de Avancemos periodo 2012-2014



    Hace dos años con la convicción y motivadas por  avanzar en la democratización de la Universidad de Chile y construir una universidad realmente pública, asumimos el desafío de participar en el Senado Universitario, espacio único en la Educación Superior ganado tras las luchas de nuestra comunidad universitaria a fines de los años 90.

Finalizando nuestro periodo podemos decir que a pesar de dificultades que ha tenido, el Senado Universitario es un espacio de construcción importante para la universidad y sus estudiantes, donde hemos logrado avances concretos en este periodo existiendo desafíos pendientes en un organismo con cada vez más protagonismo e influencia.

Hemos participado activamente en las plenarias como en comisiones  y otros espacios en relación al senado, dentro de esto Irací Hassler como secretaria de la comisión de presupuesto, miembro de la comisión de estatutos y representante del Senado en la Comisión Mixta del presupuesto, y Scarlett Mac-Ginty como secretaria de la comisión de docencia y miembro de la oficina de equidad de género. Hemos sido el vínculo del Senado con la Coordinadora por la Recuperación del Jota, que ha ejercido influencia importante al interior del Senado. Realizamos cuentas públicas presenciales y en un video después de un año de trabajo y lanzamos un boletín informativo.

En relación a los avances del periodo como logro mancomunado del Senado Universitario nos es importante destacar:

  • Por primera vez hubo cambios en la distribución histórica entre facultades e institutos, logrando incorporar nuevos criterios de equidad en la distribución del presupuesto adicional que ha tenido la universidad.
  • Declaramos que la Chile debiera avanzar hacia la gratuidad en la educación, y para eso propusimos el congelamiento de los aranceles. Estuvimos presentes en las marchas por la educación y detuvimos nuestras actividades para acompañar a los trabajadores el 11 de julio del año pasado; repudiamos también la violencia de Fuerzas Especiales contra los estudiantes y nuestra casa de estudios el mismo año.
  • Avanzamos en un objetivo que nos trazamos como fundamental al disputar este espacio: acercar al senado universitario a la comunidad que aspira representar. En distintos conflictos estuvimos presentes, como en las movilizaciones de INAP y Artes. El proyecto de edificio para INAP fue aprobado, faltando fiscalizar su implementación. Modificamos el Reglamento General de Estudiantes reconociendo a los estudiantes del ciclo básico de artes como estudiantes regulares, para tener acceso a los beneficios de todos.
  • Rechazamos el leaseback del Hospital J.J. Aguirre, que significaba la venta del hospital con el arriendo por parte de la Universidad, en una plenaria con una gran presencia de la Coordinadora del Jota y de toda la comunidad.
  • Aprobamos múltiples reglamentos, como el de bienes de especial interés institucional, para que no puedan venderse cosas importantes para la Chile sin que eso pase por una discusión; reglamento de campus para avanzar hacia una administración más amplia de la universidad, con los tres estamentos y uniendo el trabajo de las facultades e institutos.
  • También hemos avanzado en la discusión de la equidad e inclusión en la Universidad de Chile, en que Scarlett como secretaria de la comisión de docencia ha jugado un rol principal. Realizamos un seminario de toda la comunidad que dará como fruto final un libro con los aportes recogidos de la jornada, además la comisión de docencia está terminando de formular una política de equidad e inclusión para la Universidad de Chile.
  • El tema de género ha estado cada vez más presente en el Senado, logrando incluir esta perspectiva en las discusiones. En la carrera académica incorporamos mayor tiempo para ascender en la carrera a mujeres embarazadas en ese periodo; en la política de equidad e inclusión se incluye la necesidad de combatir la existencia de carreras masculinizadas y feminizadas.
  • Se aprobó la idea de legislar sobre la modificación del estatuto de la Universidad de Chile. Este es un hito histórico pues estos estatutos aun tienen rezagos del estatuto heredado de la dictadura, y hoy podemos pensar en profundizar el proceso de democratización vivido a fines de los años 90. Actualmente se está discutiendo esta reforma donde ya se aprobó la participación tristamental en las elecciones de las autoridades unipersonales (Rector, Decanos, Directores de Instituto). Finalizando la propuesta esta debe ir a un referéndum donde toda la comunidad universitaria debe votar el nuevo estatuto.
  • Actualmente el Senado Universitario, además de la reforma de estatutos está poniendo sus esfuerzos en el reglamento de carrera académica y el reglamento de remuneraciones que junto a las otras temáticas constituyen enormes desafíos para los que nos sucederán en la tarea de seguir construyendo universidad para Chile.
Finalmente, estamos orgullosas de los avances en este periodo y convencidas de que el Senado es un espacio clave para cambiar la Universidad. Pero también convencidas de que falta mucho que avanzar y que este periodo que comienza tiene las mejores condiciones para hacerlo. La invitación está abierta, a que sigamos construyendo una universidad más democrática al servicio del pueblo.


Irací Hassler
Scarlett Mac-Ginty
Senadoras Universitarias 2012-2014

viernes, 14 de febrero de 2014

Sin medias tintas, a defender la revolución bolivariana

Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, y teniendo como primera consideración la hermandad de nuestros pueblos, me parece importante que los distintos actores políticos y sociales que tienen la responsabilidad en el acontecer nacional se pronuncien ante los graves hechos que están ocurriendo en la hermana república. En este sentido es que, como secretaria general de la Fech y militante comunista, me gustaría entregar mi opinión.

Antes que todo, rechazo el intento desestabilizador y golpista, que busca tomar por asalto la democracia venezlana y su proceso revolucionario, de vanguardia en el continente. Lo que está hoy en juego en Venezuela es la puesta en jaque del gobierno y a través de ello de todo el proceso revolucionario, arrastrando también a su democracia.

Esto exige de nuestra parte posiciones políticas claras, quienes nos reconocemos de izquierda debemos ser tajantes: aquí no hay lugar para medias tintas, silencios, omisiones, ni falsas neutralidades. Buscar puntos intermedios o cavilar cuando es la derecha la que avanza sólo beneficia a la reacción que aún añora el reestablecimiento del viejo orden oligárquico.

El proceso bolivariano, como todo proceso social en construcción, puede y debe enriquecerse con la experiencia, con sus aciertos y errores. La izquierda chilena no puede menos que enviarle sus fuerzas al gobierno y al pueblo venezolano, para que puedan superar de manera exitosa esta dura prueba que nuevamente la reacción le pone en el camino.

Irací Hassler
Senadora Universitaria
Secretaria General Fech.

viernes, 7 de febrero de 2014

Carta de Karol Cariola leída en el Senado Universitario 19 diciembre 2013



Carta de Karol Cariola leída en el Senado Universitario 19 diciembre 2013 a propósito de discusión sobre el Hospital Clínico JJ Aguirre.


19 de diciembre de 2013

Carta a la Comunidad de la Universidad de Chile, a su Rector, Senado Universitario, Fech, Fenafuch, Acauch y Coordinadora por la Recuperación del Jota:

Junto con saludar a toda la comunidad universitaria, les escribo como diputada electa por el distrito 19 y además matrona de profesión, para manifestar mi preocupación por el presente y futuro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Estoy convencida de que para lograr mejorar las condiciones de vida de la gente y avanzar hacia la equidad, debemos fortalecer prioritariamente la salud pública, y particularmente la red de la zona norte y por tanto también al Jota, que históricamente ha jugado un rol protagónico en la provisión de un servicio de salud altamente avanzado, en la investigación biomédica de frontera, y principalmente en la formación de miles de profesionales de la salud altamente calificados.

Confío también en que estamos iniciando un nuevo ciclo político en Chile, en el cual la salud, junto a la educación, deben ser temas fundamentales de la agenda pública, tal como lo demanda la mayoría del país. De esta forma, el Estado debe asumir un rol activo y protagónico en la provisión de estos derechos sociales que aseguren calidad y acceso para todos.

En este sentido, se deben buscar soluciones de mediano y largo plazo para el problema de financiamiento del Hospital Clínico, que aseguren, junto con su sostenibilidad económica, el cumplimiento del rol público para el cual fuera creado, atendiendo las necesidades de salud de la población de la zona norte y la formación de profesionales comprometidos con la excelencia y el servicio social.

No me parece coherente con esos objetivos, que la principal universidad del Estado arriesgue la propiedad del Hospital frente a la banca privada, menos en un momento de la coyuntura nacional, en los que esas señales pueden ser percibidas como contrarias a los procesos políticos de cambio del país. Las soluciones para problemas del sector público, dentro de las lógicas del mercado y el autofinanciamiento ya han mostrado ser contraproducentes para la viabilidad del Jota, y lo han llevado a reducir significativamente su quehacer, siendo la principal causa del endeudamiento que hoy aqueja al Hospital y a toda la Universidad.

Por lo anterior, quiero manifestarles a todos los miembros de la comunidad universitaria  y sus organizaciones, mi disposición al trabajo conjunto para fortalecer el rol de la Universidad de Chile en las políticas educativas y de salud del país, y a que podamos realizar un proyecto a mediano y largo plazo que implique la búsqueda de un incremento significativo del financiamiento estatal para la Chile y su hospital, que permita la reincorporación del Jota a la red pública y el fortalecimiento de su rol dentro de la sociedad, aliviando a los habitantes de la zona norte de sus problemas de salud, y se transforme en un espacio donde efectivamente se fomente la investigación biomédica, los estudiantes puedan recibir la mejor formación, y se ofrezca a los más necesitados el servicio de calidad que se merecen.

Los saluda atentamente,

Karol Cariola
Diputada electa Recoleta-Independencia